República de Colombia
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Boletín de prensa 19 de agosto de 2011
EL TIEMPO
CORTE CONSTITUCIONAL ORDENA SUSPENDER LICITACIÓN DE ASEO EN BOGOTÁ
El proceso de licitación debía ser adjudicado el próximo martes.
La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) tendrá que suspender este proceso que pensaba adjudicarlo el martes próximo, como medida cautelar.
La medida fue impartida por el alto tribunal, mientras estudia cómo la Unidad ha desarrollado este proceso y si ha incluido a los recicladores, tal como lo ordenó la Corte en fallos anteriores.
El auto de la suspensión fue fijado por la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Juan Carlos Henao.
La decisión fue tomada tras admitir un incidente de desacato interpuesto por Nohra Padilla -quien pertenece a la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB)- tras considerar que en la licitación de aseo, que se adjudicará por ocho años a nuevos operadores, no se les ha dado, presuntamente, la debida participación a ese grupo vulnerable de la población.
La Corte, en su auto, señaló que a pesar que la UAESP respondió sobre los criterios de calificación que tendrá para adjudicar la licitación, y la participación que tendrán 12 organizaciones de recicladores de segundo nivel (tal como lo ordenó la justicia en otro auto), "aun no se solventa el interrogante en torno a la población realmente favorecida por las medidas adoptadas".
De igual forma, que aún no hay claridad sobre cómo operarán las nuevas rutas de reciclaje en la ciudad.
La Procuraduría, a su vez, en un escrito enviado a la Corte, dijo que comparte la preocupación con el alto tribunal sobre si efectivamente los recicladores fueron incluidos en el proceso, tal como lo ordenó el alto tribunal.
Por lo anterior, señaló la Corte en su auto, ordenó la suspensión de la licitación, y pidió que se notifique a todos los despachos judiciales que el único competente para admitir demandas de tutela u otras acciones judiciales contra este proceso licitatorio es la Corte Constitucional.
Para esta licitación, que vale 2,3 billones de pesos, se presentaron 13 firmas nacionales e internacionales.
CORTE PIDE REVISAR LEYES SOBRE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL PAÍS
Esto ante reclamos de pescadores de Tumaco por derrame de crudo hace 15 años.
Los reclamos de varios grupos de pescadores por los daños que causó en la bahía de Tumaco (Nariño) el derrame de 1.200 barriles de petróleo hace 15 años en una operación de cargue de crudo produjo un fuerte llamado de la Corte Suprema de Justicia al Congreso y al Gobierno para que se actualice la legislación en materia de contaminación ambiental.
"Tórnase oportuno advertir la importancia de una disciplina legislativa singular, clara, completa y actual en materia de responsabilidad civil por contaminación ambiental, según los compromisos internacionales adquiridos", expresaron en un fallo los magistrados de la Sala Civil del alto tribunal al decidir sobre una demanda contra Ecopetrol, el carguero que se vio envuelto en el derrame del crudo, la estatal petrolera de Ecuador (Petroecuador) y dos aseguradoras.
Los hechos
El caso ocurrió a las 6:40 de la tarde del 26 de febrero de 1996 en la terminal petrolero flotante ubicado en la bahía de Tumaco. El barco-tanque de bandera griega Daedalus, al mando del capitán Samios Giorgios se montó sobre el manifold (conducto) submarino que inyectar el crudo, tensionó la línea de carga, y desgarró una válvula provocando la salida del petróleo al mar.
El crudo provenía del oleoducto Transandino que sale de Orito (Putumayo) y recorre 306 kilómetros hasta Tumaco. Allí, una línea submarina lo conecta con el terminal flotante, propiedad de Ecopetrol, donde los barcos recibían la carga. El petróleo tenía por destino final la ciudad de Guayaquil (Ecuador).
Según un informe de la Armada, el derrame provocó una mancha de petróleo en la desembocadura del río Deiba cubriendo 600 metros de playa y la muerte de 106 peces, de almejas y otros moluscos en la playa de Salahonda. En el incidente también se encontró a un ave cubierta de crudo. La mancha alcanzó una extensión de un kilómetro y medio y un ancho de 200 metros.
El daño ambiental, aparte de la muerte, desaparición o migración de algunos peces, moluscos y crustáceos, también se reflejó en la disminución de la pesca y de la recolección de almejas y conchas en esa zona. Dos años después, la Capitanía del Puerto de Tumaco declaró responsable del siniestro marítimo al Capitán del Daedalus y a Ecopetrol.
Según los pescadores que demandaron, el petróleo se quedó en las raices de los manglares provocando que la pesca de especies de peces como el bagre, la lisa y el cachimala (que antes de derrame era hasta de 25 kilos diarios) se redujera en un 80 por ciento.
Según biólogos consultados por la Corte, los perjuicios provocados por el derrame duraron entre 3 y 5 años sin contar con otros efectos externos como los cambios climáticos que generaron los fenómenos del 'Niño' y la 'Niña'.
Conclusiones
Aunque la Corte admitió que en este caso "las pruebas demuestran, a no dudarlo, a plenitud el grave daño ambiental causado con el derrame de hidrocarburos al ecosistema, el mar, la fauna y especie marina". Sin embargo, los demandantes no lograron demostrar los perjuicios que sufrieron.
Sin embargo, alertaron la urgencia de desarrollar la normatividad existente en nuestro país sobre el tema --que calificaron como "sensible y significativo para la humanidad"-- conforme a lo dispuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, conocida como la Declaración de Rio.
La Corte precisó que en la Declaración de Rio se establece que "los Estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de contaminación y otros daños ambientales".
PERSONERÍA DENUNCIA HACINAMIENTO EN CÁRCELES
Personería denuncia hacinamiento en cárceles, las cuales superan hasta el 300% en su población.
Las cárceles que más superan los límites permitidos son La Modelo y La Picota. La que mayor presos recluye es La Modelo con 6681 presos.
Sin embargo la penitenciaría que más hacinamiento registra es la Picota que tiene una capacidad para 1590 internos, pero se encontraron 5128.
"Son cifras que superan lo permitido y lo establecido de capacidad instalada", afirmó la Personera delegada de Derecho Humanos, Mirtha Bejarano
EL ESPECTADOR
UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS VE CON BUENOS OJOS SUSPENSIÓN DE LICITACIÓN DE BASURAS
Creen que es una “gran oportunidad” para que la Corte Constitucional analice el proceso, que según ellos, ha sido transparente.
Luego de que la Corte Constitucional ordenara la suspensión de la licitación de recolección, barrido y limpieza argumentando que es necesario revisar en detalle si el proceso respetará los derechos de los recicladores; el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públcios (UAESP), Juan Carlos Junca, se refirió al respecto y dijo que cree “que va a ser una gran oportunidad para que la Corte analice de manera concienzuda, las acciones afirmativas que desde la Uaesp hemos hecho en favor de la población recicladora en condiciones de vulnerabilidad, y que fueron incluidas en la licitación pública para la adjudicación de los contratos de aseo del Distrito Capital”.
Frente a ese punto, el Alto Tribunal señala que la Uaesp no explicó bajo qué criterios fueron seleccionadas las organizaciones de reciclaje que participaron en el proceso licitatorio.
Así mismo, la Corte indica que la Uaesp tampoco explicó cuál será la población que se verá realmente favorecida.
“En la Unidad de Servicios Públicos estamos no sólo convencidos sino satisfechos con los resultados obtenidos hasta ahora y más específicamente por los ofrecimientos realizados por los 13 oferentes en el cierre de esta licitación pública. En efecto, cifras impensables por nosotros fueron las que los distintos oferentes incluyeron tanto en participación accionaria dentro del negocio, como, en puestos de trabajo en las actividades relacionadas con la prestación del servicio público”, dijo Junca.
El director de la Uaesp agregó al respecto que en esa licitación, avaluada en 2,3 billones de pesos, “otro ganador es el medio ambiente, las propuestas tienen un compromiso contundente con el mejoramiento de las rutas de reciclaje, para lo cual el trabajo del sector reciclador es el eje fundamental”.
Por su parte, la Corte asegura que la Unidad de Servicios Públicos no ha explicado cuáles son las estrategias que se adoptarán para mejorar la calidad de vida de esa población vulnerable.
La licitación será suspendida hasta que se estudie con detenimiento si la Uaesp cumple con todos los requisitos para continuar con el proceso.
CÁRCEL PARA LOS PORTADORES DE DOSIS MÍNIMA
Por: Yesid Reyes Alvarado
Cuando en la administración de Álvaro Uribe se insistió en una modificación constitucional que prohibiera el porte y consumo de dosis mínimas de drogas ilícitas, buena parte de la opinión pública cedió ante esa iniciativa con el argumento de que no pasaba de ser un saludo a la bandera.
Advertí entonces (columna del 8 de enero de 2010) que ese cambio no era inane; que con él se pretendía otorgarle al Estado la facultad de prohibir comportamientos que afecten el cuidado integral de la salud de las personas y de la comunidad. Señalé que esa iniciativa era en realidad una reacción del Ejecutivo en contra de una decisión de la Corte Constitucional que consideraba impune el consumo de drogas como manifestación del libre desarrollo de la personalidad; a mi modo de ver, lo que se buscaba era introducir en la Constitución una norma que abriera la posibilidad de criminalizar esas conductas.
Meses más tarde el Gobierno presentó un proyecto de reforma a la administración de justicia con el que, mediante una pequeña modificación a una disposición del Código Penal, permitía que el porte de dosis mínimas fuera penalizado; manifesté entonces (columna del 12 de noviembre de 2010) que si esa propuesta era aprobada, el expresidente Uribe habría conseguido su propósito.
Pues bien, esa idea se hizo realidad con la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo artículo 11 modificó el 376 del Código Penal, que originalmente sancionaba a quien llevara consigo o conservara sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas sintéticas “salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal”; esta última expresión dejaba en claro que quien poseyera pequeñas cantidades de esas sustancias para su propio consumo no incurría en un delito, que fue justamente lo que en su oportunidad avaló la Corte Constitucional.
Al eliminarse esa excepción en la nueva ley, la redacción del artículo 376 parece autorizar la penalización de quien lleve consigo o porte esa clase de sustancias. Así lo ha venido interpretando un número creciente de fiscales y jueces que paulatinamente han comenzado a acusar y condenar a quienes son sorprendidos en posesión de dosis mínimas.
Frente a una eventual demanda de inexequibilidad de este artículo, la Corte tiene dos opciones: la primera consistiría en reconocer que la modificación constitucional introducida por el Gobierno anterior legitima la imposición de penas a quien lleve consigo pequeñas cantidades de droga para su consumo personal; la segunda podría llevarla a compatibilizar el reciente texto constitucional con el derecho al libre desarrollo de la personalidad, autorizando al Estado para recurrir a mecanismos de prevención del consumo de estas sustancias siempre que no consistan en su criminalización, porque eso constituiría una indebida intromisión en el fuero interno del individuo.
Esta última interpretación abre la posibilidad de que jueces y fiscales acudan a ella para no sancionar esta clase de comportamientos, mientras se produce un fallo sobre la exequibilidad de este nuevo artículo. Ojalá el nuevo ministro de Justicia, gran conocedor de temas constitucionales, se pronunciara sobre el alcance de la norma comentada.
EL NUEVO SIGLO
EN 2 SEMANAS ESTARÍA LISTA PONENCIA DE PENALIZACIÓN DEL ABORTO SIN EXCEPCIÓN
El senador José Darío Salazar avanza en la promoción de esta iniciativa entre sus compañeros de la Comisión Primera.
Ya fueron designados los Senadores ponentes para el proyecto del senador y presidente del Directorio Nacional Conservador José Darío Salazar, que penaliza el aborto en todas su formas, que dejaría sin efecto una sentencia de la Corte, por la cual se establecieron tres excepciones en esta materia.
EL NUEVO SIGLO: ¿Ya el Partido Conservador consultó ante el Consejo Electoral sobre la viabilidad de una papeleta en las elecciones territoriales para preguntar sobre aborto y matrimonio de parejas del mismo sexo?
JOSÉ DARÍO SALAZAR: Sí, ya se envió la consulta al Consejo Nacional Electoral, pero creo que hasta ahora no han respondido.
ENS: ¿En qué términos hicieron esa consulta?
JDS: Pues en que se le haga la pregunta al pueblo colombiano si está de acuerdo con que el aborto se penalice en algunas de sus formas, si está o no con el matrimonio entre las parejas del mismo sexo, son dos preguntas.
ENS: ¿Con esta iniciativa el conservatismo busca un apoyo ciudadano adicional al proyecto para prohibir el aborto sin excepción o, si no prospera, sondear la posibilidad de acudir a un referendo?
JDS: No, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que este proyecto prospere; se hace la pregunta porque los conservadores en la Cámara de Representantes solicitaron que se hiciera. Básicamente dicen que quieren, de cierta manera, tener una mayor fuerza frente a estos temas y que quieren conocer la opinión del pueblo colombiano, de modo que por eso se hizo la pregunta.
ENS: ¿Ya tiene ponente el proyecto que prohíbe el aborto sin excepción alguna?
JDS: Entiendo que se nombró a los senadores Roberto Gerlein, Juan Manuel Corzo, al senador Roy Barreras y al senador Avellaneda (Luis Carlos), de la Comisión Primera.
ENS: ¿Es decir que ya en unas dos semanas podrían iniciar el debate de esta iniciativa?
JDS: Ellos tienen dos semanas para rendir la ponencia.
ENS: ¿Cómo ve el ambiente en la Comisión Primera de Senado para este proyecto?
JDS: Pues he venido hablando con algunos Senadores, todavía no he terminado de hablar con todos, esperamos que tenga los votos suficientes para que sea aprobado en la Comisión Primera.
ENS: ¿Hay posibilidad de que el Partido Liberal también apoye la iniciativa del aborto?
JDS: No sé, he hablado con algunos miembros de La U, sé que suscribió el proyecto un miembro del Polo, también lo han suscrito miembros del PIN, los cristianos, de modo que ahí vamos avanzando, porque es que el derecho a la vida es un proyecto en el que coincidimos muchos colombianos de un partido o de otro partido, y así se verá en el Senado cuando se vengan los debates y las votaciones.
ENS: ¿Qué opina de la avalancha de proyectos para formalizar las uniones de las parejas del mismo sexo?
JDS: Me parece que unos son legales y otros son inconstitucionales. Los que hablan de que en Colombia puede haber matrimonio entre parejas del mismo sexo, me parece que son inconstitucionales porque la Constitución habla del matrimonio entre un hombre y una mujer.
Y otros, como el del doctor Miguel Gómez (representante del partido de La U), me parece que ese sí es un proyecto constitucional, porque él no está hablando del matrimonio entre parejas del mismo sexo.
ENS: ¿El Partido Conservador podría considerar un proyecto para formalizar legalmente la unión de parejas del mismo sexo, sin que sea matrimonio?
JDS: No se ha pensado, la relación se puede legalizar, como usted dice, sin que ello sea matrimonio.
ENS: De todas formas la Corte ya reconoció derechos civiles, políticos, sociales y económicos a las parejas del mismo sexo…
JDS: Sí, ellos tienen hoy derecho a la seguridad social, creo que tienen derecho a la sustitución pensional, de modo que se les ha venido reconociendo.
Apoyo verde
De antemano congresistas del Partido Verde expresaron su rechazo a echar abajo las excepciones que estableció la Corte en la penalización del aborto; sin embargo, hay quienes consideran que esta postura podría cambiar por el ingreso de esta colectividad a la Mesa de Unidad Nacional. Al respecto el senador Salazar señaló que “yo hablaré con todos los Senadores, trataré de hablar uno por uno, para convencerlos de las bondades del proyecto”.
NOTICIERO CMI
CORTE CONSTITUCIONAL SUSPENDE LICITACIÓN PARA RECOLECCIÓN DE BASURAS
La Corte Constitucional ordenó la suspensión de la licitación para la recolección de basuras en Bogotá.
el alto Tribunal advierte que es necesario estudiar las condiciones de la licitación para determinar si se respetan los derechos de los recicladores, población vulnerable que se verá directamente afectada.
Según la Corte, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) no explicó bajo qué criterios se eligieron las 12 organizaciones de recicladores que participaron en la licitación, ni tampoco cuál será la población que realmente se vea favorecida.
También asegura que la UAESP no explica cuáles son las medidas adoptadas para corregir la situación de marginalidad en que se halla esa población.
La decisión de la Corte agrega que la Procuraduría también manifestó dudas frente a la adjudicación de la licitación para la recolección de basuras, motivo por el cual recomendó su suspensión.
El presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, aseguró que la licitación será suspendida hasta que la Corporación estudie si cumple con todos los requisitos y las recomendaciones que la ley ha hecho con anterioridad.
LA JUDICATURA LE RESPONDE A LA CORTE CONSTITUCIONAL
El Consejo Superior de la Judicatura advirtió que la polémica creación de 33 cargos para la Sala Disciplinaria de esa Corporación corresponden a un plan descongestión para adoptar medidas que permitan el mejoramiento de la justicia.
De esta manera, las salas Administrativa y Disciplinaria le respondieron a la Corte Constitucional que pidió aclarar cuál era el objetivo de la creación de dichos puestos, entre los que se encuentran 13 cargos de magistrados auxiliares, profesionales universitarios, citadores y escribientes.
En la carta enviada por el presidente de la Sala Administrativa, José Alfredo Escobar, asegura que no son extraños los nombramientos por el grado de congestión de la justicia.
"No se puede calificar de extraño dentro de las actuales circunstancias de atraso y congestión", indica la carta.
Por su parte, el presidente de la Sala Disciplinaria, Henry Villarraga, le recuerda a la Corte Constitucional que para ese Tribunal se ordenó crear 35 cargos por más 1.900 millones de pesos.
"Determinación que pese a ser significativamente mayor a la cuestionada, no le mereció reproche alguno", asegura la carta enviada a la Corte Constitucional.
PROCURADOR GENERAL DICE QUE LA CORRUPCIÓN INUNDÓ A COLOMBIA 'COMO UN TSUNAMI'
El jefe del ministerio público, Alejandro Ordóñez Maldonado, aseguró que “de la corrupción de ayer, que se limitaba a un porcentaje”, Colombia esta “hoy ante el peligro de la cooptación en grandes sectores de la sociedad por parte de estructuras mafiosas corruptas”.
Añadió que este flagelo inundó a la sociedad “como un tsunami” y propuso asumir una inmediata “reingeniería”, al tiempo que explicó que hoy los criminales tienen herramientas mucho más sofisticadas que las de épocas anteriores.
El alto funcionario dijo que está dispuesto a asumir riesgos a al hora de tomar decisiones, porque “es necesario enviarle un mensaje a los corruptos para que entiendan que corren riesgos”.
Dijo además que hoy en día no se requiere una “sola ley más”, sino que es necesario aplicar voluntad política para que cada quien “ejerza la competencia” que le corresponda.
Nunca antes se había hablado tanto de corrupción y nunca había llegado a los niveles tan dramáticos como los actuales, dijo Ordóñez.
Las declaraciones del procurador se produjeron durante su intervención ante los asistentes al acto de celebración por parte del Congreso del día de la lucha contra la corrupción, realizado en homenaje a la memoria del asesinado candidato presidencial Luis Carlos Galán.
CARACOL RADIO
JUDICATURA JUSTIFICA ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL NOMBRAMIENTOS DE MAGISTRADOS AUXILIARES
El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior en una carta de siete páginas en respuesta al presidente de la Corte Constitucional, Juan Carlos Henao, justifica el plan de descongestión de 33 funcionarios entre ellos 13 magistrados auxiliares para la sala disciplinaria, por un costo de dos mil 100 millones de pesos. El magistrado, José Alfredo Escobar manifiesta al presidente de la Corte Constitucional que no se pueden calificar de "extrañas" las medidas de descongestión ya que las decisiones adoptadas, que hacen parte de obtener una justicia al día.
“Le declaro expresamente, que las decisiones adoptadas por la Sala Administrativa hacen parte del propósito, preciso y puntual, de obtener una justicia al día, en todas sus jurisdicciones, por lo cual no se puede calificar de extraño, dentro de las actuales circunstancias, pero de atraso y congestión de la Rama Judicial, que nuestra Corporación, de manera técnica y previos análisis estadísticos, con medidores puntuales de congestión y de evacuación, hubiere diseñado las medidas aprobadas y, consecuencialmente, ordenara ejecutar integralmente el Plan Nacional de Descongestión y su Plan Complementario” dice la misiva.
Otro de los apartes de la carta señalan que las creaciones de cargos de “Alta Jerarquía” como lo indica su comunicación de la referencia, fueron adoptados por nuestra Corporación, para la Jurisdicción Ordinaria, Contencioso Administrativo, Constitucional y Disciplinaria, según las necesidades y los requerimientos que fueron plenamente identificados en los estudios técnicos elaborados por la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico “UDAE” y discutidos y aprobados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
Así mismo le dice el presidente de la Sala Administrativa al presidente de la Corte Constitucional que dentro del mismo Plan Nacional de Descongestión y su Plan Complementario, se adoptó la creación de 35 cargos de empleados para la Corte Constitucional, por valor de mil 950 millones de pesos.
En la carta se señala que la Sala Disciplinara tiene un rendimiento en sus procesos en un 128%. lo que significa que de cien procesos que ingresan a la Sala Disciplinaria, se evacuan los cien en su totalidad, y adicionalmente, la gestión y productividad que se reporta, permite la evacuación adicional de 28 procesos, logrando impactar en la reducción del inventario.
En el informe se precisa que los magistrados de la Sala Disciplinaria registraron una carga de 11.064 procesos de los cuales dieron salida a 9.126 procesos. En el año 2010 se acumularon 1.938 procesos, es decir, en promedio 277 por magistrado.
Se concluye que debido a la elevada carga laboral de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y a sus niveles de productividad frente a la demanda, es necesario adoptar medidas de descongestión adecuadas para reducir la congestión de esta Jurisdicción en el marco del Plan Nacional de Descongestión.
LA FM
CORTE ORDENÓ SUSPENDER LICITACIÓN PARA EL MANEJO DE BASURAS EN BOGOTÁ
Sin efectos jurídicos quedó la apertura de una billonaria licitación para el aseo convocada por el Distrito, luego de que la Corte Constitucional ordenara suspenderla.
Con ponencia del magistrado Juan Carlos Henao, una Sala de Revisión de tutelas del alto tribunal ordenó que se suspendiera el concurso ante el eventual riesgo que podrían sufrir comunidades vulnerables de la capital colombiana ante el riesgo de padecer el detrimento de sus derechos en materia de medio ambiente.
"(...) Aún no se solventa el interrogante en torno a la población realmente favorecida por las medidas adoptadas y si toda ella está conformada realmente por recicladores del distrito", dice el auto expedido por la Corte.
Sin embargo, cabe aclarar que se trata de una medida provisional, toda vez que la corporación no ha resuelto aún el fallo de tutela de fondo.
La decisión de suspender la licitación busca evitar el eventual mal para los accionantes, pero bien podría ocurrir que una vez emitido el fallo se ordene la reanudación del concurso licitatorio